QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una campaña institucional para alertar a los jóvenes y sus familias de los riesgos de las conocidas ‘cajas botín’ (loot boxes), un sistema azaroso de recompensas a cambio de dinero real muy extendido en los videojuegos. Esta iniciativa se suma a los diversos flancos con los que el departamento de Pablo Bustinduy pretende reformar el sector juego y generar entornos más seguros. ¿Cuáles son los frentes abiertos y en qué estado de tramitación se encuentran?
Loot boxes
Bajo el lema “menos loot boxes, más real gamers” el ministerio de Bustinduy pretende concienciar sobre las técnicas psicológicas que pueden conducir a la adicción. Las cajas botín son un sistema de premios aleatorio cada vez más extendido en los videojuegos. Pueden contener futbolistas, cartas, armas especiales, etc. deseadas por los jóvenes, en muchas ocasiones menores de edad, que emplean dinero de sus padres para intentar obtener dicho contenido.
Además de la campaña, el Gobierno tiene una iniciativa en trámite parlamentario para prohibir las loot boxes. Se trata del Proyecto de Ley de Protección de menores en entornos digitales, que superó la enmienda de totalidad de Vox el pasado 10 de septiembre.
El proyecto de ley, impulsado por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también pretende prohibir que los menores de 16 años se registren en redes sociales mediante la imposición de un pin parental.
El problema de las loot boxes Según un estudio de la UNIR, un 30,4% de los 6.603 españoles de entre 11 y 30 años encuestados había comprado al menos una caja botín en el último año (entre los menores, el porcentaje es el 28,9%). Además, la investigación señala que las ‘loot boxes’ funcionan como “bisagra” entre los problemas de adicción a los videojuegos y a las apuestas online: es 4,5 veces más frecuente que quien adquiere estas cajas en el último año tenga problemas con las apuestas. Por otra parte, un estudio de 2020 de la universidad de Nueva York reflejó que más del 58% de los juegos para móvil de Google Play e iPhone ya contenían estos mecanismos de recompensa aleatorios, que pueden aparecer de manera aparentemente inocente en formato de cofre, sobre, ruleta, animal o caja, contribuyendo con estas apariencias, a un comportamiento de riesgo y a la normalización de los juegos de azar desde edades muy tempranas.
Del tabaco al juego
A principios de octubre, el ministro Pablo Bustinduy anunció que prevé desarrollar el Real Decreto 958/2020, aprobado hace cinco años, para obligar a los operadores de juego online a mostrar un nuevo cartel en el que se informe de los peligros de la ludopatía.
Se copiaría el formato de las cajetillas de tabaco, que muestran mensajes con los peligros que entraña fumar. El objetivo es que los clientes conozcan el riesgo teniendo toda la información necesaria para que cada cual tome las decisiones que considere de manera consciente.
Los tres mensajes que deberán figurar son:
- La ludopatía es un riesgo del juego.
- La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%.
- Las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias.
La reforma se ejecutará a través de una resolución y dos anexos que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) sacará a información pública en los próximos días.
Atención al Cliente, un Caballo de Troya
La próxima semana se reúne la ponencia del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela con el objetivo de ultimar los flecos del informe y elevarlo a la Comisión para su posterior votación en Pleno. En el marco de esta iniciativa, los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, integraron una enmienda que, de prosperar, impondrá nuevas condiciones y limitará la publicidad del juego.
Cambios en publicidad
No se podrán enviar comunicaciones comerciales ni por correo electrónico -o semejantes- ni por correo postal sin la previa autorización del destinatario.
La difusión de anuncios en servicios de la sociedad de la información solo será posible si se emplazan en páginas web o aplicaciones de los operadores o de los medios de comunicación que sirvan de soporte.
En los motores de búsqueda, únicamente podrán aparecer fruto del posicionamiento orgánico o en casos en que sean fruto de un acuerdo comercial entre el anunciante y el titular del mismo; supeditado a que coincidan con palabras clave o frases conectadas directamente.
Las páginas web o aplicaciones cuya actividad principal sea la oferta de productos o información sobre actividades de juego y aquellas que ofrezcan cobertura de eventos deportivos y/o hípicos también podrán albergar este tipo de publicidad. Como condición, deben tener una sección específica, han de contar con mecanismos que impidan el acceso de menores y difundir periódicamente mensajes sobre “juego seguro”.
El propósito es rescatar los puntos del Real Decreto 958/2020 que fueron tumbados por la sentencia 537/2024 del Tribunal Supremo.
Plataformas de vídeo y redes sociales
Los servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma y las redes sociales quedarían bajo un paraguas normativo diferente con sus propias características.
Las empresas de juego solo podrán dirigir comunicaciones comerciales audiovisuales en servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas en canales cuya actividad principal consista en ofrecer contenidos sobre el juego; adoptando, además, los mecanismos necesarios para evitar el acceso de los menores a su cuenta o canal y difundiendo de forma periódica mensajes de “juego seguro”.
En el caso de las redes sociales, solo podrán enviar publicidad aquellos que empleen instrumentos que aseguren que no se dirige a menores y que segmenten el público potencial.
Asimismo, los anuncios únicamente podrán enviarse a las personas que sigan en redes sociales a las cuentas o canales del operador de juego, que hayan manifestado un interés activo en el mismo y/o a clientes registrados.
Promociones
Las empresas no podrán recurrir a las promociones y descuentos para captar nuevos clientes. La enmienda del Ejecutivo establece que solo podrán dirigirse a clientes con una cuenta abierta de al menos 30 días y cuyos perfiles hayan sido verificados documentalmente.
Por último, las promociones deberán figurar en una sección independiente en la página web o aplicación y difundirse en establecimientos dedicados al juego.
Personajes prohibidos
Entre las modificaciones que pretenden los socialistas y Sumar, esperan aprobar la enmienda para prohibir la aparición de personas o personajes (reales o ficticios) de relevancia y notoriedad en las comunicaciones comerciales. Tampoco podrían hacer lo propio los narradores de retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos (la difusión comercial solo podrá producirse en el contexto de la narración del evento) y presentadores de televisión o radio.
Cuestión de forma
Al sector no solo no le agradan las futuras restricciones, sino que además, lamenta la forma en que se han promovido.
El Ejecutivo pretende restablecer vía enmienda varios artículos del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales de las actividades del juego que fueron tumbados por el Tribunal Supremo por una cuestión de forma. La modificación se impulsó “apenas 15 minutos antes del cierre del registro, criticaron desde el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), en declaraciones a Demócrata.
A juicio de Cejuego, se hurtó la posibilidad de que el resto de grupos parlamentarios pudiera presentar enmiendas al respecto. No obstante, cabe recordar que durante la ponencia y en la propia Comisión de Derechos Sociales y Consumo, los grupos parlamentarios pueden transaccionar enmiendas.
El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, asegura que “no se opone a la revisión de la Ley del Juego” y admite que la normativa, tras más de 15 años en vigor, “requiere una actualización que refleje los cambios profundos que ha experimentado el sector”; pero lamenta que “una modificación legislativa de tal envergadura debe de realizarse mediante un proceso legislativo transparente, que permita la participación de todos los actores involucrados en la actividad”.
“Preocupa profundamente que el Gobierno pretenda introducir cambios normativos mediante enmiendas intrusas al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, un texto que no guarda relación alguna con la actividad del juego, privando así del debate público a todos los actores involucrados”, abunda Landaluce.
