Exención fiscal al propietario que alquile asequible. Los propietarios que alquilen su vivienda conforme a los precios fijados en el índice de referencia estarán exentos del pago de IRPF por los ingresos obtenidos.
Estas deducciones, que han sido cuestionadas por su carácter regresivo al beneficiar fundamentalmente a rentas más altas, están condicionadas en la Ley de Vivienda a la aplicación de un alquiler asequible en una zona tensionada.
Ya se aplicaban deducciones antes de la ley pero a su entrada en vigor pasaron a condicionarse a la declaración de una zona tensionada y la regulación de precios, como incentivo a los propietarios ya que la deducción era mayor cuanto menor era la renta.
Ahora, el Gobierno propone aplicar una exención total, independientemente de que exista declaración de zona tensionada.
Al tratarse de un cambio normativo debe ser examinada por el Congreso, por lo que su aplicación no está garantizada. PP y Vox han defendido esta medida y puede ser vista con buenos ojos por PNV y Junts. ERC, Bildu y Podemos son partidarios de rebajar o incluso suprimir las desgravaciones a propietarios.
Pisos turísticos: más fiscalidad y control. Sánchez avanzó una reforma para equiparar su tributación al resto de actividades económicas. Esta subida fiscal incluirá el IVA –sólo está aplicado al 10% en el caso de que desarrollen actividades propias de la industria hotelera–, si bien fuentes del Gobierno circunscriben la medida a las viviendas de zonas tensionadas o con mayor incidencia turística.
Sumar impulsó la subida al 21% del IVA —10% en el caso de tratarse de una vivienda habitual— y la pactó con el PSOE pero fue rechazada con votos de PP, Vox y Junts. PNV se abstuvo.
El Gobierno impulsará un fondo con recursos dirigidos al refuerzo de las facultades de inspección y control de las administraciones autonómicas y locales y, avanzó Sánchez, endurecerá la regulación contra el fraude en los alquileres de corta duración, incluidos alquileres de temporada.
Recargo del 100% a compras por no residentes extracomunitarios. La fiscalidad aplicada a la compra de vivienda por personas no residentes procedentes de países de fuera de la Unión Europea se elevará hasta el 100% del valor de vivienda.
Sumar y varios socios del Gobierno han exigido en los últimos meses directamente prohibir la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, con la vista puesta en los fondos de inversión. La medida no prohibiría estas compras pero sí duplicaría el coste.
Régimen fiscal de las socimi. El Gobierno quiere reducir las ventajas fiscales de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria), cuyo régimen extraordinario ya acordaron suprimir PSOE y Sumar en el paquete fiscal. La propuesta de Sumar, que habría derogado estas ventajas, fue rechazada.
El anuncio de Sánchez es que sólo se apliquen las ventajas fiscales cuando la vivienda esté dirigida a alquiler asequible.
Alquiler garantizado por la Administración. La nueva empresa pública pondrá en marcha un programa de garantía de las rentas para el propietario, en régimen de alquiler asequible, en la línea de programas como el desarrollado por la empresa autonómica vasca Alokabide.
Derecho de tanteo y retracto. La nueva empresa pública tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas.
Esta medida busca facilitar el incremento del parque público de vivienda y es una reivindicación desde hace años de los socios de izquierda.
Vivienda y suelo ya transferidos (más vivienda de Sareb). La nueva empresa pública ya tiene transferidas más de 3.300 viviendas y casi dos millones de m2 de suelo residencial, patrimonio que aumentará con más de 30.000 viviendas de Sareb, 13.000 de ellas de manera inmediata.
Falta confirmar si este cómputo de activos incluye las promociones del Proyecto Viena o la promotora Árqura, cuya venta ultimaba el conocido como ‘banco malo’ a finales del año pasado.
Blindaje de la titularidad pública. El Gobierno quiere garantizar por ley que toda vivienda construida por el Estado mantengan indefinida su titularidad pública.
Reforma de la Ley del Suelo. El Gobierno no renuncia a la aprobación de la reforma de la Ley del Suelo, que retiró el año pasado por falta de apoyos y después impulsó a través de una proposición de ley junto con el PNV.
La propuesta permitiría subsanar vicios formales o de procedimiento para evitar la anulación de planes urbanísticos, limitaría la capacidad de recurrir los planes ante la Justicia y reduciría las actuaciones supeditadas a la concesión de una licencia urbanística.
Para aplazar la propuesta, el PSOE retiró su firma de la iniciativa, que ahora pende únicamente del PNV. El PP anunció hace meses la presentación de su propia propuesta pero aún no lo ha hecho pública.
Nuevo PERTE de la construcción. Nuevo proyecto estratégico dirigido a la modernización y la innovación del sector de la construcción industrializada y modular, con el objetivo de reducir tiempo y costes. Estará centrado en la provincia de Valencia para impulsar la reconstrucción tras los efectos catastróficos de la DANA.
El PSOE ya ha propuesto en el Congreso una modificación legal para impulsar el sector de la construcción industrializada, cuyas viviendas se conocen como ‘prefabricadas’ –se fabrican industrialmente en un lugar distinto a la obra y después se trasladan para montarse y ensamblarse.
Concretamente propone modificar la Ley Hipotecaria para permitir que estas viviendas puedan ser hipotecadas. El cambio se tramita como enmienda a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Rehabilitación de vivienda vacía. Nuevo programa con ayudas para la rehabilitación de vivienda que actualmente esté en desuso, condicionadas a su puesta en alquiler a precio asequible durante, al menos, cinco años.











