El Pleno del Congreso celebra este jueves, a partir de las 12:00 horas, una sesión extraordinaria en la que se debatirá como único punto del orden del día la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a iniciativa de los grupos Popular y Socialista.
El texto contiene dos artículos, una disposición adicional y una disposición transitoria. El primer artículo consta de trece apartados que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 343, 351, 356, 358, 567, 589, 595, 610 y 630. Estas modificaciones afectan a los requisitos para el nombramiento de magistrados y magistradas en las Salas del Tribunal Supremo, los servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados y diferentes cuestiones referidas al Consejo General del Poder Judicial.
La proposición de ley orgánica “incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados o magistradas del Tribunal Supremo” y establece en qué situaciones se deberá declarar la situación de excedencia voluntaria de jueces y magistrados y magistradas.
En lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado como vocal del organismo por el turno de juristas de reconocida competencia de manera que no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
Se obliga a los candidatos a comparecer ante la Comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente; establece que las Cámaras elijan un suplente por cada vocal titular; prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, así como que el Pleno pueda crear otras comisiones por mayoría de tres quintos; y exige una mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo para el nombramientos de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.