Aviso del Congreso al Gobierno de cara al debate presupuestario. La Cámara exigió este jueves al Ejecutivo que no se extralimite en los vetos a iniciativas de los grupos y le emplazó a cumplir con los mandatos emitidos por el Congreso en forma de proposiciones no de ley o mociones aprobadas.
Estas medidas se incluían en una moción consecuencia de interpelación urgente dirigida la semana pasada por el PP al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La Cámara aprobó cinco de los seis puntos de la iniciativa gracias a la abstención e incluso al apoyo en algunos de los puntos de socios parlamentarios del Gobierno como Junts, Coalición Canaria, Podemos, PNV y BNG.
Aprobar medidas exigidas por el Congreso
Entre los puntos aprobados, el Congreso emplazó al Gobierno a «cumplir de forma efectiva y sin demora» los mandatos emanados de la Cámara a través de las iniciativas no legislativas aprobadas. El PNV se abstuvo en este punto y BNG votó a favor.
Desde el inicio de la legislatura, la situación de debilidad parlamentaria aboca al Gobierno a perder votaciones todas las semanas. Además de a Vox, el PP únicamente tiene que sumar en el Pleno los votos de uno de los aliados parlamentarios del Gobierno, o incluso le basta con su abstención.
Algunas de las propuestas aprobadas en las últimas semanas son las exenciones fiscales para jóvenes durante sus cuatro primeros años de vida laboral, la deflactación del IRPF o la reducción del IVA a productos básicos, extendiéndola también a carne, pescados y conservas.
Precisamente otro de los puntos aprobados de la moción exige al Gobierno que incluya estas rebajas fiscales avaladas por la Cámara en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que lleve a las Cortes. En este el PP no sumó ningún aliado del Gobierno, pero Junts y PNV se abstuvieron.
Vetos sólo si afectan a los presupuestos en vigor
Sí sumó el PP al PNV para exigir al Ejecutivo que limite sus vetos a proposiciones de ley con la excusa de que suponen un mayor gasto o una minoración de los ingresos presupuestarios, y que, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, únicamente pueda recurrir a este recurso cuando afecte a presupuestos en vigor, y no a futuros.
Esta misma legislatura el Ejecutivo trató de vetar en el Senado dos propuestas del PP para rebajar al 10% el IVA aplicado a los servicios de peluquería por un lado y, por otro, suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La Mesa del Senado, en la que los ‘populares’ tienen mayoría, no admitió el veto y las propuestas fueron tramitadas. Desde entonces, esperan a que acaben el plazo de enmiendas en el Congreso.
Y es que, además, en el PP censuran que PSOE y Sumar utilicen su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para bloquear propuestas legislativas de la oposición. En menos de un año el PP ha logrado la toma en consideración de cuatro proposiciones de ley en el Congreso y otras once en el Senado, donde cuenta con mayoría, pero ninguna ha podido avanzar en su tramitación por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Contra ello, sin embargo, los ‘populares’ no defendieron ningún punto en la moción defendida esta semana en el Congreso.
Ausencias insuficientemente justificadas
Finalmente, los ‘populares’ consiguieron que el Congreso llamara a «rectificar y enmendar la actitud» de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por eludir las sesiones de control al Gobierno «para dedicarse a actos electorales sin contar con ningún tipo de justificación en forma de agenda institucional».
En las últimas semanas, coincidiendo con la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, en las que Ribera era cabeza de lista por el PSOE, el PP inició una ofensiva parlamentaria en forma de preguntas y solicitudes de comparecencia. Ribera dio explicaciones este miércoles, semanas después de aprobarse la solicitud, una vez acabada la campaña.
La crítica a Ribera salió adelante con el voto de Podemos, que también apoyó otra propuesta aprobada, esta con PNV y Coalición Canaria además de PP y Vox, para que el Gobierno acredite debidamente qué asuntos ineludibles e inaplazables justifican una ausencia en las sesiones de control.