El Gobierno ha salvado in extremis, por la mínima y gracias a la incomparecencia de Junts el Real Decreto-Ley (RDL) ómnibus que el Ejecutivo aprobó en diciembre para poder recibir el cuarto pago de fondos europeos, por valor de 10.000 millones de euros. La formación independentista catalana, que se había pronunciado en contra no solo de este RDL, sino de los otros dos del orden del día, ha optado por no votar, lo que ha salvado el RDL con medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
A cambio de evitar el ‘no’, han logrado un diverso paquete, que abarca desde la supresión de un artículo de la ley de Enjuiciamiento Civil, hasta la reducción del IVA al 0% del aceite o que el Estado asuma el coste de los descuentos al transporte público.
De los 343 votos emitidos (los de los 350 diputados menos los siete de Junts), se han registrado 172 síes (121 del PSOE, 26 de Sumar, siete de ERC, seis de EH Bildu, cinco de PNV, cinco de Podemos, uno de Coalición Canaria y uno del BNG) frente a 171 noes (137 del PP, 33 de Vox y el de UPN). El RDL se tramitará como proyecto de ley y por el procedimiento de urgencia. El favor de Junts no ha sido gratis.
Las monedas de cambio han sido la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya mediante una ley orgánica, la publicación inmediata de los balances fiscales, la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el IVA del 0% para el aceite, una reforma de la ley de Sociedades de Capital que revierta el RD del PP en 2017 y facilitar el regreso de la sede social de las empresas que dejaron Cataluña durante el procés, multiplicar por cinco las partidas para la digitalización de la administración de justicia, la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste de las bonificaciones y descuentos al transporte público y el reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local.
Las medidas del RDL ómnibus
El Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo incorpora disposiciones de tres proyectos de ley y una proposición de ley que decayeron en la XIV Legislatura.
- Proyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
- Proyecto de ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.
- Proyecto de ley de la Función Pública de la Administración del Estado.
- Proposición de Ley de modificación de la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo.
Además, reforma el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para ampliar el despliegue de los servicios públicos locales. a través de medios digitales; apoyar a las ciudades pequeñas en su prestación de servicios públicos; y actualizar y mejorar el padrón municipal de habitantes gestionado por las entidades locales.
Con este paquete, Moncloa pretendía cumplir con las exigencias de la UE para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. El pliego impactaba poderosamente en Justicia, con medidas para la adaptación del sistema judicial a las nuevas realidades digitales, tanto en el nivel del funcionamiento interno como a la hora de disponer herramientas digitales a los ciudadanos y ciudadanas.
También incluía mejoras en el acceso al empleo para personas con discapacidad y en los procesos de selección de personal con ánimo de garantizar la imparcialidad y potenciar la igualdad a la hora de acceder a los empleos.
El punto que encendió las alarmas de Junts y que, finalmente, será suprimido, es la inclusión de un artículo 43 bis en la ley de Enjuiciamiento Civil. El RDL incorporaba un punto que establecía que, en caso de que se elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cualquier proceso se habría de paralizar hasta conocer la resolución del TJUE.
Las advertencias de los socios
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha solicitado el apoyo a la Cámara recordando que hay 10.000 millones de fondos europeos que dependen de la convalidación del RDL. Por ello, ha instado a los grupos a votar pensando “en las personas” y no en “intereses partidistas”. Sin embargo, sus palabras no han surtido el efecto deseado, ni siquiera en sus socios, que a pesar de haber prestado su ‘sí’, han criticado duramente las formas del Gobierno.
Los socios del Gobierno han criticado duramente el uso de la figura del Real Decreto-ley, la diversidad de asuntos que aglutina y la falta de negociación.
La diputada del Grupo Plurinacional de Sumar Engracia Rivera Arias ha abundado en que la figura legislativa del Real Decreto-ley es excepcional, por lo que “no la pueden convertir en habitual”. Los de Yolanda Díaz comparten las líneas maestras, pero han reclamado tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas encaminadas a mejorar el sistema de Función Pública atajando la precariedad de la Administración y subsanando el problema de la infrafinanciación.
El resto de aliados parlamentarios se han movido en la misma tónica. “Todos los grupos que apoyamos la investidura le hemos dicho que el sistema de legislación a través de Reales Decretos-ley no nos convence”, ha denunciado desde la tribuna de oradores Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana; quien además ha lamentado la disparidad de contenidos que aglutina este RDL en concreto.
Los cinco escaños de Podemos, adscritos al Mixto, también han votado a favor, pero su intervención no ha estado exenta de reproches. La diputada Martina Velarde ha aquejado que, si bien se trata de una iniciativa cuyo eco original es del anterior Ejecutivo, del que formaban parte; la responsabilidad del acuerdo Gobierno es recabar los apoyos necesarios y llegar a acuerdos, “cosa que no ha ocurrido”, ha remachado.
Néstor Rego, del BNG, también ha manifestado su desacuerdo con el RDL ómnibus por la disparidad de asuntos, alegando que dificulta su evaluación: “Más allá del pecado original de legislar por Real Decreto-Ley, sin diálogo ni negociación previa, insólito cuando las mayorías parlamentarias son tan ajustadas; los tres pecan de otro problema: reunir asuntos tan dispares que dificultan la evaluación y toma de posición coherente en referencia con cada uno de ellos”.
Por su parte, el Partido Popular se ha sumado al argumentario, censurando la diversidad de cuestiones que integra el Real Decreto-ley, ha cuestionado el uso de esta figura legislativa esgrimiendo que no urge, que no se haya negociado previamente y que el Gobierno descargue la responsabilidad de la pérdida de 10.000 millones en el Congreso.
El PP ha denunciado que el RDL ómnibus «usurpa la capacidad legislativa de este parlamento».
El diputado popular Pedro Luis Huguet ha afirmado que legislar mediante RDL “usurpa la capacidad legislativa de este parlamento”. Asimismo, ha dicho que el único culpable de que España no ingrese los 10.000 millones de fondos europeos es el Gobierno porque el calendario de compromisos fue suscrito en noviembre del 2021 y, desde entonces, ha tenido tiempo de maniobrar. De hecho, buena parte del contenido ómnibus se sustenta en tres proyectos de ley que decayeron en la pasada legislatura: el de eficiencia procesal, organizativa y digital. Los dos primeros encallaron en la fase de ponencia y el último no paso de las enmiendas.