El Parlamento de la Comunidad Valenciana aprobó en su Pleno del 27 de junio la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para el impulso de una reforma de la financiación presentada por Compromís. Los de Joan Baldoví lograron el apoyo de populares y socialistas para la tramitación del texto.
Los valencianistas fundamentan su propuesta en tres ejes principales. Por un lado, solicitan una reforma de la financiación autonómica; por otro, un fondo de nivelación, un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios; y por último la regularización de la deuda histórica.
¿Qué incluye el texto que se va a tramitar?
La proposición de ley presentada establece el plazo de seis meses para negociar la reforma y actualización del sistema de financiación autonómica, así como la entrada en vigor automática de un nuevo sistema si no se produce la reforma por la vía de la negociación.
A través del Fondo de Compensación, los valencianistas quieren asegurar que cada comunidad reciba los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos “esenciales del estado de bienestar”. Sería un mecanismo de garantía en el que participarían todos los territorios con un porcentaje de sus recursos tributarios y el Estado con su aportación de recursos adicionales.
Se pretende diseñar un sistema de financiación basado en la población de derecho, creando durante siete años un Fondo de Compensación Transitoria con el objetivo de que ninguna comunidad autónoma pierda financiación en términos homogéneos con el nuevo modelo.
En cuanto al Fondo de Nivelación, su propósito es igualar los recursos de aquellas comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media a la financiación media por habitante ajustado a competencias homogéneas mientras no se reforme el sistema de financiación.
Las comunidades que cuenten con una financiación anual por habitante ajustada por debajo de la media (calculada como resultado de agregar la última información sobre liquidaciones definitivas publicada por el Ministerio de Hacienda en términos normativos y a competencias homogéneas), recibirían una transferencia adicional de nivelación horizontal para conseguir esta media. La transferencia se calcularía cada año y la recibirían las comunidades situadas por debajo de la misma mientras el sistema no se reforme.
Además, la norma establece un mecanismo de absorción estatal del sobreendeudamiento autonómico “generado por los por los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas”.
Se aceptarán cambios
El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, reconoció durante el debate parlamentario de la proposición que ésta podría tener deficiencias, pero subsanables mediante enmiendas durante la tramitación. De lo que se trata, dice, es de “sacar una voz valenciana unánime que vaya a Madrid”.
Desde el PSPV aseguran que no están de acuerdo con todo el contenido de la norma. Principalmente, discrepan de la población de derecho que se propone para el reparto de fondos en el sistema de financiación y apuestan por el criterio de la población ajustada.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ya se comprometió con Baldoví hace unas semanas a tramitar esta norma, aunque destaca que hay “deficiencias”. “Usted y yo lo vamos a combatir por la financiación justa de la Comunitat Valenciana con rigor, ahí le espero” señaló el president al síndic de Compromís.
Las principales críticas de los populares apuntan a que esas “deficiencias” se explican en un informe de la Conselleria de Hacienda, que dirige la popular Ruth Merino, y que son fundamentalmente de carácter jurídico. El departamento de Merino asegura que de no arreglar esas cuestiones existe un riesgo de que el Congreso rechace admitir a trámite la ley.
¿Y ahora qué?
Una vez superada la barrera de la toma en consideración, ahora vienen las negociaciones en comisión entre el PP y Compromís. Por su parte, los socialistas se enmarcan en una encrucijada, tienen que defender al Gobierno central que aún no ha presentado una propuesta para la reforma de la financiación.