A escasos días de poder ejercer nuestro derecho al voto en las siguientes elecciones europeas, que tendrán lugar en España este domingo 9 de junio, más de 370 millones de ciudadanos europeos estamos llamados a las urnas para decidir la nueva distribución de fuerzas en la próxima legislatura del Parlamento Europeo.
Pese a que todas las elecciones parezcan gozar de una mayor importancia que las anteriores, y aunque cunda nuevamente la sensación de que el proyecto europeo debe de redirigir el rumbo, hay un tema crucial que nos afecta a todos y cuya decisión de combatirlo, o no, depende directamente del resultado en este 9 de junio: el cambio climático.
Para abordar esta cuestión y el compromiso de la Unión Europea , es necesario analizar el denominado Pacto Verde Europeo (PVE).
Claves del PVE
Cuando hablamos de Pacto Verde Europeo, nos referimos al conjunto de medidas e iniciativas políticas que ha establecido la Unión Europea para llevar a cabo una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En resumidas cuentas, cesar las emisiones contaminantes en su totalidad para dicho año.
Hay un tema crucial que nos afecta y cuya decisión de combatirlo, o no, depende directamente del resultado en este 9 de junio: el cambio climático
Para alcanzar este ambicioso objetivo, se han establecido varias metas intermedias. Entre ellas, podemos destacar dos medidas: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, y plantar 3 mil millones de árboles en la Unión Europea para el mismo año.
En esta línea, se establecieron dos pilares: por un lado, el Objetivo 55, referido al objetivo de reducción de las emisiones en un 55% para 2030, garantizando una transición justa mientras refuerza la capacidad industrial de la UE; y por otro lado, la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN).
Pese al consenso mayoritario que existe en las instituciones comunitarias acerca de la necesidad de hacer frente al cambio climático, demostrado en diciembre de 2019 con la puesta en marcha el PVE, eventos como la Covid-19, la invasión rusa de Ucrania, el distanciamiento entre la propia Unión Europea y los Estados Unidos, o la creciente tensión internacional, han puesto al cambio climático y al Pacto Verde Europeo en un segundo plano.
Ley de Restauración de la Naturaleza
La Ley de Restauración de la Naturaleza (a partir de ahora LRN), es una norma que tiene como objetivo rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030, así como todos los ecosistemas naturales degradados en el territorio comunitario para 2050.
Esta norma establece obligaciones y objetivos en distintos ámbitos de actuación, como las tierras de cultivo, los polinizadores, los ríos, los bosques y las zonas urbanas, para revertir gradualmente los daños ambientales causados por el cambio climático y años de escaso control en el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios usados en el sector agroalimentario.
La Ley de Restauración de la Naturaleza es una norma que tiene como objetivo rehabilitar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030
Pese a poder percibirse como una norma necesaria, ya que, según el Observatorio del Suelo de la UE, el 61% de los suelos europeos están degradados y las previsiones indican una paulatina degradación con el paso de los años, esta se ha convertido en una de las leyes más polémicas de toda la legislatura.
Presentada por primera vez por la Comisión Europea en junio de 2022, esta cobró mayor importancia tras el histórico acuerdo sobre biodiversidad sellado en la COP15, y los objetivos del clima establecidos por la ONU.
Movilizaciones agrarias
Aunque contaba con el apoyo inicial de la mayoría de los partidos del Parlamento Europeo, entre ellos el EPP y el S&D, los dos principales grupos del Parlamento, unas movilizaciones masivas del sector agroalimentario a lo largo y ancho de la UE en contra de la ley la convirtieron en el blanco de una fuerte campaña de oposición por parte de los partidos conservadores, y en particular del Partido Popular Europeo (PPE), la formación mayoritaria del Parlamento Europeo.
Estas movilizaciones, que azotaron Bruselas durante varios días, ampliamente lideradas por COPA-COGECA, la mayor –y polémica- asociación de agricultores de toda la UE, calaron con fuerza en el seno de la Comisión Europea y provocaron que varios partidos europeos se posicionasen a favor de los agricultores y en contra de la propia ley.
El líder del PPE, el alemán Manfred Weber, afirmó en repetidas ocasiones que el proyecto de ley pondría en peligro el sustento de los agricultores europeos, interrumpiría las cadenas de suministro establecidas desde hace tiempo, disminuiría la producción de alimentos, elevaría los precios para los consumidores e incluso acabaría con las zonas urbanas para dar paso a espacios verdes.
Los argumentos en contra y a favor de esta ley provocaron un inusual cisma en el Parlamento Europeo enfrentando posturas entre los bloques de izquierda y derecha, con partidos como La Izquierda, Los Verdes y el S&D, así como ciertos eurodiputados de Renew y el PPE, posicionándose a favor de la norma bajo el argumento de que el objetivo de restaurar la naturaleza era compatible con la actividad económica, y esencial para garantizar la viabilidad a largo plazo de los suelos europeos y la industria agroalimentaria.
Los argumentos en contra y a favor de esta ley provocaron un inusual cisma en el Parlamento Europeo
Esta división empujó a la ley a su rechazo hasta en 3 ocasiones, en las Comisiones de Medio Ambiente, y las de Agricultura y Pesca, forzando varias modificaciones de relevancia, como la retirada del Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR), que buscaba reducir el uso de fitosanitarios y plaguicidas en un 50% para para el año 2030.
Pese a ello, el 27 de febrero de 2024, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó esta polémica Ley por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, y aunque todo hacía indicar que el Consejo también aprobaría la ley, esta vuelve a situarse en el alambre después de que Hungría se haya unido a Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, el grupo de países que se posicionan en su contra.
Una nueva legislatura en la CE
Ursula von der Leyen, la ya expresidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a liderar el ejecutivo europeo, se postula como la candidata con más posibilidades de ser reelegida presidenta.
En el actual contexto sociopolítico, marcado por las tensiones geopolíticas internacionales, la amenaza a la OTAN que representaría una posible victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, y la invasión a Ucrania, un país candidato a miembro, Von der Leyen ha anunciado que, además de crear la figura de un Comisario de Defensa, dará prioridad absoluta a fortalecer la industria y la economía europea.
En particular, ha anunciado que se centrará en potenciar la industria armamentística, y que está abierta a flexibilizar algunas medidas medioambientales establecidas durante su mandato previo (2019-2024).
La candidata a revalidar la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que creará la figura de un Comisario de Defensa y fortalecerá la industria y economía europea
De ser reelegida, Ursula von der Leyen y cumplir con lo anunciado, la UE podría encontrarse a sí misma incumpliendo unos objetivos sobre el clima establecidos por sí misma hace cuestión de meses, y relegando a un plano secundario a uno de los mayores desafíos de la humanidad: el cambio climático.
En nuestras manos tenemos el votar, y de estos votos emanará la legitimidad de las futuras acciones y decisiones que tome la persona que dirija el próximo ejecutivo comunitario.
SOBRE LA FIRMA Jaime Rufino Campos es miembro de Equipo Europa y antiguo asistente del Parlamento Europeo en la Comisión de Agricultura y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus