“Elena, ahora verás cómo Sánchez nos regenera a todos con esta norma europea que tanto te gustaba,” me escribió hace unos días un periodista veterano de este país. La Ley Europea de Libertad de Medios de Información, que nació como una respuesta de las instituciones europeas para proteger a la prensa de las garras populistas de políticos como Viktor Orban, está provocando en nuestro país justo la reacción contraria al espíritu con el que fue creada.
Efectivamente, existe el riesgo de que los gobiernos utilicen esta Ley como caballo de Troya en el sector de los medios de información. Un riesgo que debemos combatir desde los propios medios y desde la sociedad civil.
La Ley Europea de Libertad de Medios de Información nació como una respuesta de las instituciones europeas para proteger a la prensa de las garras populistas
La Ley Europea (o Reglamento) de Libertad de los Medios de Comunicación (también llamado EMFA por sus siglas en inglés Europea Media Freedom Act) no es el resultado del capricho de un político en permanente conflicto con unos medios que le cuestionan. Es el resultado de una demanda social, proveniente, en primer lugar, de los propios periodistas, que experimentan cada vez mayores dificultades para poder ejercer el periodismo en libertad.
Periodistas en países del Este, pero también en entornos donde hasta hace muy poco se vivía con más holgura la libertad de prensa. Es también la respuesta ante la preocupante desconfianza de los ciudadanos hacia los medios de información, que la desinformación está agudizando de manera exponencial, llevándose consigo la misma arquitectura democrática.
EL EMFA es también la respuesta ante la preocupante desconfianza de los ciudadanos hacia los medios de información
El EMFA es también resultado de un proceso legislativo europeo dotado de las suficientes salvaguardias y garantías que fundamentan su legitimidad. Se aprobó el 15 de diciembre de 2023 por parte del Consejo y el Parlamento Europeo, durante la presidencia española de la UE, y después de un largo proceso legislativo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo (los llamados trílogos).
En marzo de 2024 el Parlamento Europeo adoptó, con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones, la resolución legislativa sobre el EMFA. Finalmente, el 26 de marzo de 2024, el Consejo adoptó el EMFA, que fue firmado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor 20 días después. El texto lleva en vigor en todos los Estados de la UE desde el 7 de mayo de 2024 y las nuevas reglas se aplicarán plenamente a partir del 8 de agosto de 2025 en todo el territorio de la UE.
Lo que pueden hacer y no los gobiernos a la luz del EMFA
El EMFA es un Reglamento de aplicación directa, no una Directiva sujeta a transposición por el Estado español, como aún se escucha decir a algunos periodistas como Susanna Griso el lunes pasado en Espejo Público. Ello significa que sólo debe llevarse a cabo el desarrollo normativo necesario para adaptar la legislación vigente al Reglamento.
Concretamente habrá que revisar la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional e introducir el criterio de la transparencia en la asignación de la publicidad institucional.
También habrá que habilitar al regulador español responsable de ejercer la supervisión de la aplicación del EMFA. Todo apunta a que dicho regulador será la CNMC, de hecho, ya se habla de que están preparando una ampliación de plantilla, pero aún está por confirmar. En paralelo, Bruselas está armando el regulador europeo al que reportarán los reguladores nacionales.
Este nuevo regulador, llamado European Media Services Board, estará integrado por representantes de las autoridades o cuerpos nacionales de medios, asistidos por una secretaría de la Comisión, y comenzará a operar en febrero de 2025.
Habrá que revisar la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional e introducir el criterio de la transparencia en la asignación de la publicidad institucional
Entre otras funciones, el Board promoverá la aplicación efectiva y coherente del EMFA, y sustituirá al Grupo de Reguladores Europeos para los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA), que se creó en virtud de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales. Por ello, deberá revisarse también la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
Más allá de estas modificaciones, el gobierno español no puede adentrarse en desarrollos normativos que atenten contra el verdadero espíritu de esta iniciativa.
El verdadero espíritu del EMFA
El EMFA parte de los principios de que la información es un bien común, que las compañías de medios no son como cualquier otro negocio y que es preciso proteger la independencia y el pluralismo de los medios en toda Europa. Y parte del principio de transparencia como la principal herramienta para poder avanzar estos principios.
El EMFA busca proteger a los medios de información adheridos a un código de autorregulación ante posibles suspensiones de contenidos que realicen las plataformas tecnológicas, a través de un derecho de comunicación previa y también a través de un diálogo estructurado entre medios y plataformas (art. 18 y ss). El EMFA otorga una protección mayor a aquellos medios que reúnan ciertos estándares editoriales, lo que ha suscitado la gran cuestión de qué es un medio de información en Internet.
Y lo que está dando pie, de manera no intencionada, a que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, y su equipo, se permitan hacer declaraciones como las que hemos visto estos días en la prensa, como por ejemplo que “hay que acabar con la impunidad de pseudomedios pagados por PP y Vox”.
El EMFA otorga una protección mayor a aquellos medios que reúnan ciertos estándares editoriales
Por contra, el EMFA busca proteger la libertad de información en el sector a través de la implementación obligatoria por parte de las compañías de medios de ciertos estándares de transparencia, concretamente, la transparencia en la propiedad y en la asignación de la publicidad institucional; así como la adhesión voluntaria a estándares vinculados a la protección de la independencia editorial que llevan trabajándose por parte de iniciativas de autorregulación privadas, como el Observatoriodemedios.org que impulsamos desde las Fundaciones Ethosfera y HAZ.
Desde Bruselas me confirman que la aparente pretensión del gobierno de querer establecer qué medio es veraz o no, sería contrario al espíritu del EMFA. La EMFA está inspirada, entre otras, en la Ley Sueca de Libertad de Prensa que defiende el pluralismo de medios y que sean transparentes, con el objeto de brindar las herramientas necesarias al consumidor para elegir lo que lee.
El EMFA busca proteger la libertad de información en el sector a través de la implementación obligatoria por parte de las compañías de medios de ciertos estándares de transparencia
Por tanto, el gobierno español, para cumplir con el EMFA, sólo tiene que desarrollar la normativa necesaria para dotar de transparencia a la financiación que recibe cada medio en forma de publicidad institucional y privada en forma de participación accionarial. Y garantizar una distribución objetiva de la publicidad institucional de las CCAA y ayuntamientos.
Quedamos a la espera de evaluar la propuesta que el gobierno anunció la semana pasada bajo estas premisas.
SOBRE LA FIRMA Elena Herrero-Beaumont es cofundadora y directora del think tank Ethosfera, que impulsa el observatoriodemedios.org junto con la Fundación HAZ. Doctora Internacional en Derecho Constitucional. Abogada e investigadora en ética, transparencia y buena gobernanza de los medios de comunicación. MSc en periodismo por la Universidad de Columbia. Fulbright Fellow. Carnegie-Knight Initiative Fellow. Visiting scholar en la Kellogg School of Management. Patrona de la Fundación Hermes de Derechos Digitales.