En boca de todos pero sin todavía un plan definido sobre qué hacer con ellos, el Gobierno ha avanzado que este miércoles presentará un plan con propuestas para controlar el auge de los alquileres turísticos.
Se trata de una vía a la que no afecta ni el control de precios previsto de la Ley de Vivienda ni tampoco ninguna de las garantías previstas en la norma. Su uso no está regulado en ninguna ley estatal sino que, al tratarse de una actividad turística, vienen reglados por normas autonómicas al ser estas administraciones las competentes en materia de turismo, y municipales.
Pese a estas limitaciones competenciales, reconocidas este mismo lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, el Ejecutivo no renuncia a adoptar medidas.
Mañana miércoles presentará una propuesta para «poner coto» al número creciente de este tipo de usos en las viviendas, y los efectos que tiene para el acceso a vivienda –el desplazamiento de usos limita la oferta de alquiler de vivienda habitual– y la convivencia en las ciudades.
¿Qué medidas plantea el Gobierno?
El Ejecutivo propone una reforma de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal para facilitar el veto de estos pisos por parte de las comunidades de vecinos. Esta norma ya permite a las comunidades vetar esta actividad, si bien exige una mayoría de tres quintos que ahora el Gobierno podría rebajar.
Otra opción que dificultaría el uso turístico de la vivienda en una comunidad sería invertir el proceso: en lugar de una votación para vetar su uso, requerir una autorización previa por parte de la junta de vecinos para poner en marcha un piso turístico.
Además de ello, el Gobierno plantea un registro estatal para evitar un uso fraudulento y poder controlar el incremento de los pisos turísticos, especialmente en grandes ciudades. El objetivo es tener lista la plataforma estatal antes de 2026.
En estos momentos existe un grupo de trabajo compuesto por los ministerios de Vivienda e Industria, que contiene la cartera de Turismo, con interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias. Este foro trabaja en la puesta en marcha de la citada plataforma y en la aplicación del nuevo reglamento europeo sobre pisos turísticos.
Aprobado el pasado febrero, esta norma comunitaria contiene reglas para armonizar los sistemas de registro y los requisitos para el intercambio de datos con plataformas de alquileres. Su aplicación está prevista para mayo de 2026.
Alquileres estacionales, el otro frente abierto
El otro frente que el Gobierno tiene abierto es el de los alquileres de temporada o estacionales, otra de las fórmulas que los caseros están empleando para huir de la intervención de precios y las garantías de la Ley de Vivienda.
Para abordar su regulación, que sí se contempla en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, el Ministerio de Vivienda mantiene un grupo de trabajo abierto en el que participan sindicatos, patronales inmobiliarias y sindicatos de inquilinas. En él también está presente el Ministerio de Derechos Sociales.
Este miércoles tenían previsto celebrar una nueva reunión, la tercera desde su constitución en diciembre pasado, y el Gobierno ha avanzado que pondrá encima de la mesa una propuesta concreta de desarrollo normativo.
Causa explícita en el registro de contratos
Concretamente, se plantea incluir los alquileres de temporada en la plataforma de registro que quiere impulsarse para que ahí los propietarios deban justificar explícitamente la causa que motiva la elección de un alquiler de temporada y no un alquiler de vivienda habitual.
Fuentes de Vivienda explican a Demócrata que este tipo de contratos tienen una finalidad clara y deben seguir existiendo, pero no a través de una utilización fraudulenta o que suponga un abuso de ley.
Los sindicatos de inquilinas mueven ficha
La propuesta será trasladada pocos días después de que los sindicatos de inquilinas llevaran al Congreso una propuesta para regular los alquileres de temporada, con el fin de poder aplicar los controles de precios y obligar a especificar la causa que habilita la temporalidad.
Durante la presentación de la iniciativa, que fue registrada por Sumar, ERC, Podemos, EH-Bildu y BNG, estos colectivos criticaron la poca operatividad del grupo de trabajo impulsado por el Gobierno, ya que en más de seis meses sólo se habían reunido dos veces y no habían recibido ninguna propuesta del Gobierno.
Sumar plantea la vía fiscal
Además de todas estas propuestas, Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, también ha planteado endurecer las condiciones de ambas fórmulas contractuales, especialmente en el ámbito fiscal.
Así, por ejemplo, ha planteado recientemente en el Congreso un recargo del 50% en el IBI para las viviendas que se destinen a uso turístico o alquiler de temporada. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también planteó la posibilidad de introducir IVA en estas operaciones.
Desde las competencias de Consumo, su departamento ha iniciado una investigación contra la publicidad de los pisos que no cuentan con licencia, al considerar que se trata de una práctica comercial desleal.