El Gobierno ha cumplido con Junts. En enero de este año se comprometió a derogar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la cuestión prejudicial europea, a cambio de su apoyo a dos Reales Decretos-ley, el ómnibus y el conocido como anticrisis. Dicho y hecho.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, precisamente, la prórroga del Real Decreto-ley por el que se adoptaron medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía; y ha aprovechado para acometer la derogación.
El Articulo 43 bis, que ya figura como derogado en el Boletín Oficial del Estado, establecía que cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo, en cualquier fase del procedimiento, requiera de una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión Europea, planteará una cuestión prejudicial que suspendería las actuaciones hasta que fuera resuelta por el Tribunal de Justicia de la UE.
Junts consideraba que la cuestión prejudicial podría suponer un problema a la hora de aplicar la ley de Amnistía. De hecho, el PSOE y sus socios plasmaron negro sobre blanco que “la suspensión del procedimiento”, tanto penal como administrativo, “no impedirá el alzamiento de las medidas cautelaras que hubieran sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley”.
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que no afectará a la práctica jurídica puesto que, antes incluso de que existiera el artículo 43 bis (se publicó en el BOE en diciembre del 2023), la costumbre era que una cuestión prejudicial implicara la suspensión del proceso, como marca la jurisprudencia del propio TJUE y del Supremo.