QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El encuentro oficial mantenido este viernes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria del archipiélago ha concluido con el compromiso de ambos de insistir en la modificación de la Ley de Extranjería para que el reparto de menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas sea obligatorio en situaciones de contingencia.
Así lo ha comunicado al término de la cita el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha expuesto que, para ayudar a paliar la situación de emergencia en Canarias, el Gobierno aumentará la cantidad de dinero adicional para atender la presión migratoria en 50 millones de euros.
Sin embargo, esto no es más que un mero parche. Durante la reunión, tanto Sánchez como Clavijo han coincidido que la solución pasa por la reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como Ley de Extranjería). La Proposición de Ley impulsada en el Congreso no superó la toma en consideración por la oposición del PP, Vox y Junts.
Negociaciones
Clavijo ha confirmado que el presidente del Gobierno “ha dado las instrucciones” para que se intensifiquen los contactos con el objetivo de hallar los aliados parlamentarios suficientes para que la propuesta prospere, poniendo el foco fundamentalmente en el Partido Popular, su socio minoritario en el Ejecutivo insular. Así, espera avances en las próximas dos semanas.
El ministro Torres también ha apuntado a las filas de Alberto Núñez Feijoo: “Espero que tengamos un partido, que es el mayoritario en la oposición, con 11 presidencias y que cogobierna Canarias y preside las ciudades de Ceuta y Melilla, que se coloque en el lado de la solución y no del problema, del acuerdo y no de las dificultades”.
Punto de partida
La base sobre la que se negociaría sería la propuesta que los socialistas ya trasladaron al PP y que sentó los mimbres de la proposición de ley que no fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso.
Esta, modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería para plantear criterios objetivos ante los cuáles declarar situaciones de contingencia y articular un protocolo de derivación que vele por el interés de los menores.
La intensificación de la inmigración procedente de África hacia la Unión Europea afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que son los tres lugares en los que se ha decretado un número de plazas disponibles para acoger migrantes menores no acompañados. En Canarias, la cifra es de 2.000; en Ceuta, 88; y en Melilla, 166.
La situación de emergencia se daría al superarse el 150% de las plazas, por lo que en el caso de Canarias sería de 3.000; en Ceuta, 132, y en Melilla, 249. Estas cotas son las que el Ejecutivo ya le planteó al Partido Popular en un borrador enviado antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife en julio.
La propuesta establece que, de no darse el escenario de contingencia migratoria extraordinaria, las comunidades autónomas, en tanto que tienen las competencias de la atención e integración social de los menores, han de dar conformidad al reparto. Sin embargo, cuando el escenario sea de sobreocupación y se superen las antecitadas cifras, ha de prevalecer el interés superior de los menores, por lo que será el órgano competente de la Administración General del Estado el que acuerde la ubicación territorial que corresponda, ponderando cada caso, con criterios objetivos y previamente consensuados por las autonomías.
Este modelo de reubicación sería elaborado de forma conjunta en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Gobierno se compromete a adoptar las medidas financieras que resulten necesarias.
Las demandas del PP
El Partido Popular no comulga con la propuesta del Gobierno. El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, le remitió a Ángel Víctor Torres un documento con lo que serían sus “imprescindibles”.
El texto solicitaba la declaración de “emergencia migratoria” nacional, esto es, en todo el territorio, no únicamente en Canarias, Ceuta y Melilla. En segundo lugar, los populares exigen algo que ya plantearon durante la Conferencia Sectorial de Tenerife: financiación.
Tellado pidió un fondo de contingencia extraordinario. En la reforma registrada por PSOE, Sumar y CC, no se aclaraban cifras, sino que se limitaba a manifestar la intención de adoptar las medidas económicas oportunas.
Asimismo, el dirigente popular urgió a que no haya lugar a dudas sobre la edad de los menores trasladados; que el Gobierno habilite los medios necesarios a las CCAA y garantías de que el reparto obligatorio será para todas, sin excepción, haciendo referencia a la situación de Catalunya.
