PSOE y Sumar calientan motores rumbo a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Los socios de coalición se preparan para negociar las líneas maestras de las próximas cuentas públicas, con el objetivo de poder llevar al Congreso un proyecto el próximo otoño.
Por parte de Sumar, que ultima el paquete de medidas que quiere llevar a la mesa de negociación, los grandes objetivos a consolidar en el Presupuesto son políticas sociales centradas en la crianza y los cuidados, facilitar el acceso a la vivienda y también la mejora del poder de compra de los trabajadores. Y todo ello con la fiscalidad como instrumento para lograr estas metas y financiar la inversión social.
Cuidados y crianza
La medida ‘estrella’ en la política de cuidados que Sumar quiere llevar a Presupuestos es una prestación universal por crianza de 200 euros durante los seis primeros años de vida, con el horizonte de extender la protección hasta alcanzar la mayoría de edad.
La coalición de izquierdas critica que España cuente con una de las tasas más altas de pobreza infantil de los países con mayores recursos y que, pese a ello, invierta casi un punto menos de PIB a infancia y familias –1,5% del PIB– que la media de la Unión Europea (2,4%). En Sumar consideran que una prestación universal, como la que ya tienen otros países comunitarios con mejores datos de pobreza infantil, permitiría mejorar con creces la situación.
En el caso de los permisos, el objetivo es aumentar los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas y poder retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental para el cuidado de un hijo. Una medida prevista en la Ley de Familias y que, por el retraso en su aprobación, supone un incumplimiento de la directiva europea de conciliación.
Este punto indigna especialmente en Sumar, donde ven al PSOE dispuesto a asumir el pago de una multa por parte de la Justicia Europea, ya que el plazo para completar la trasposición y asegurar la retribución de al menos cuatro semanas del permiso de cuidados expira el próximo 2 de agosto.
En Sumar no entienden que se presuma de cumplir con las reglas fiscales y la estabilidad presupuestaria, y ahora se acepte ser castigado por no extender derechos a las familias españolas.
Vivienda
Otra de las grandes preocupaciones en el socio minoritario de la coalición es el acceso a la vivienda, y para hacer frente al problema se remiten a las propuestas ya trasladadas durante esta legislatura.
Una de ellas es el impulso de un fondo público que movilice inversiones para promover el alquiler de vivienda a precios asequibles. También cambios legales en la regulación de alquileres turísticos y alquileres estacionales, figuras contractuales que escapan de la regulación de precios de la Ley de Vivienda e incluso de las garantías más básicas que prevé la norma.
Para los de temporada, la formación se ha adherido la semana pasada a una proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinas, junto con Podemos, ERC, Bildu y BNG, con el fin de equiparar la regulación prevista en la ley.
Además, para desplazar la oferta al alquiler de vivienda habitual Sumar ha planteado también un recargo del 50% en el IBI para las viviendas que se destinen a alquileres turísticos o de temporada.
En lo que va de legislatura, el Grupo Plurinacional ha trasladado a su socio toda una batería de medidas fiscales dirigidas a facilitar precios asequibles en el mercado del alquiler, como condicionar cualquier beneficio fiscal para los propietarios en el IRPF o Sociedades a que la renta del alquiler fuese inferior al precio de referencia registrado en el índice de precios.
O, por ejemplo, impedir el acceso de los grandes tenedores de vivienda a las bonificaciones fiscales si no dedican, como mínimo, un 25% de sus propiedades a alquiler social, una propuesta ya lanzada en su programa para las últimas elecciones.
Poder de compra
El tercer gran bloque de medidas que Sumar quiere llevar a la mesa de negociación es el dirigido a mejorar el poder de compra de los trabajadores, tanto a través de mejores salarios como en la adquisición de productos básicos.
Para reforzar el poder de negociación de los trabajadores en las empresas los de Yolanda Díaz ya han defendido, en este sentido, llevar información más al detalle a las mesas de negociación entre sindicatos y empresas, y así aumentar la transparencia a la hora de actualizar los convenios y distribuir las mejoras de productividad.
Se trata de una medida incluida en el acuerdo de coalición con el PSOE y que, al defenderla en el Congreso a través de una proposición no de ley, fue rechazada con votos de PP y Vox, al abstenerse Junts y PNV. Llevarla a cabo, no obstante, no exige aval parlamentario, sino sólo un convenio de colaboración entre Hacienda, Seguridad Social y Trabajo.
Respecto a la contención de los precios de los alimentos, la gran propuesta lanzada por Sumar este año es la aplicación de un impuesto corrector de los márgenes empresariales en la cadena alimentaria, que se aplicaría en función de los márgenes obtenidos por las grandes empresas a lo largo de la cadena –más de 100 millones de facturación– desde la pandemia.
El gravamen –una nueva prestación patrimonial pública no tributaria, como las figuras dirigidas a banca y energéticas– sólo se aplicaría si el margen ha aumentado desde antes de la pandemia (se aplicaría un tipo del 0,6% a aplicar sobre su cifra de negocio) y, si en el último año el margen hubiera aumentado pese a la reducción de costes, el gravamen se duplicaría, aplicándose un 1,2%.
Otra de las propuestas planteadas por Sumar en este campo ha sido la de obligar a la banca a recopilar todas sus ofertas de hipotecas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con las condiciones de acceso, con el fin de facilitar la portabilidad de estos créditos.
Fiscalidad
El cuarto elemento es la fiscalidad, si bien es una herramienta transversal al resto de propuestas. Tras una última prórroga, el compromiso del Gobierno de coalición pasa por hacer permanentes los gravámenes a banca y energéticas, convirtiéndolos en impuestos –actualmente están configurados como prestaciones públicas no tributarias– e integrarlos en el sistema tributario de forma definitiva.
Los de Yolanda Díaz recelan de los mensajes que les llegan desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía sobre que el grueso, sino la totalidad, de la esperada reforma fiscal estaría ya completada.
No sólo porque se trata de un compromiso con la propia Comisión Europea y el electorado progresista, sino por su necesidad para acometer las reformas necesarias ante la transición energética y digital, el envejecimiento de la población o las mejoras en los sistemas de salud y cuidados.
Además de las mencionadas propuestas en vivienda o la cadena alimentaria, Sumar ha planteado en lo que va de legislatura una batería de propuestas dirigidas a mejorar la progresividad del sistema tributario, dotar de mayores recursos y compensar el descenso de la recaudación que supondrían bajadas de impuestos en determinados ámbitos.
Es el caso de las rebajas del IVA que han planteado para productos como los pañales –quieren que pase al 4%, al igual que ha sucedido con los productos de higiene femenina y preservativos–, los productos sin gluten –también al 4%– o los servicios de peluquería y veterinarios, que pasarían al 10%.
Del lado de las subidas de impuestos, una de las propuestas que Sumar ya trasladó al PSOE al negociar el acuerdo de coalición, es el fin de la exención del IVA aplicado a la educación y sanidad privada.
Finalmente, otra de las propuestas que Sumar trasladó en los primeros compases del año a su socio fue la de replicar la fórmula del Impuesto solidario sobre grandes fortunas al Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Aplicando un nivel de tributación complementario a partir de un determinado umbral, Hacienda pasaría a recaudar aquella parte a la que las comunidades autónomas han renunciado con sus bonificaciones, frenando así la carrera fiscal a la baja iniciada por la Comunidad de Madrid.
Esta comunidad, por ejemplo, ya ha recuperado el Impuesto sobre Patrimonio para evitar que la Administración General del Estado se lleve la recaudación bonificada con el nuevo impuesto sobre grandes fortunas.